Cuando
los sindicatos deciden convocar una huelga general es porque se han agotado
todas las vías de negociación. Diría más. La huelga general del 29M es tan necesaria que hasta el propio
presidente del Gobierno llegó a considerarla inevitable con la reforma laboral
que tenía previsto aprobar. Y efectivamente, la aprobó.
Por decreto,
sin diálogo, ni negociación alguna con los sindicatos. En plena sangría de
destrucción de empleo, con 5,4 millones de personas en el desempleo, el
Gobierno aprueba una reforma del mercado
de trabajo, no para incentivar la contratación, sino para facilitar y abaratar
el despido.
Pero
estos dos meses y medio de gobierno conservador se han convertido en un ataque
sin precedentes al Estado social. Instalados en el la doctrina de Bruselas y
los mercados financieros, y jaleados por el discurso de la CEOE, la derecha
española que nos gobierna ha iniciado el desmontaje del Estado de bienestar y
la quiebra del modelo de convivencia que surgió de la transición democrática.
Es la certificación de la derrota de la política a manos de la economía y los
mercados financieros, que fueron los causantes de la grave crisis que vivimos.
En definitiva, un golpe a la democracia.
“Quieren acabar con todo”.
Este
es el lema de la huelga general. Y nada mejor para resumir los objetivos de las
medidas del Gobierno. Y ya llueve sobre mojado. En España los recortes que se
vienen aplicando desde 2010 no han hecho sino agravar la
situación. Se
aprobó una reforma laboral de menor alcance pero con los mismos ingredientes
que la aprobada el pasado 10 de febrero (despido más fácil y barato, dualidad
del mercado de trabajo, desvirtuación de la negociación colectiva); se colocó
la reducción del déficit en el frontispicio de la acción política y con ello,
se volvió a las andadas de los recortes, ajustando el gasto, ignorando los
ingresos, y renunciando a reactivar la economía y a crear empleo. Como había
que ganar las elecciones, el Partido Popular no dudó en ocultar sus intenciones
y sustituir la propuesta política por la retórica de la demagogia (“no
queremos abaratar el despido; queremos crear empleo”, dijeron). Y lo
consiguieron. El 20 de noviembre, lograron mayoría absoluta en las urnas y se
dispusieron a gobernar. Nunca en democracia un gobierno hizo tanto y en tan
poco tiempo por acabar con la arquitectura social y laboral que entre todos
decidimos poner en marcha tras las primeras elecciones democráticas de 1977, y
que fue consagrada por la
Constitución Española.
El
movimiento sindical fue el primero en encender las luces rojas ante una
política que se propone acabar con todo. Pusimos pie en pared para rechazar una
reforma laboral impuesta que interrumpe el derecho del trabajo y lo reemplaza
por una ilimitada arbitrariedad empresarial. Que abarata y facilita el despido;
que no reduce las modalidades de contratación, sino que por el contrario las
aumenta y precariza; que introduce discriminaciones en las posibilidades de
empleo; que rompe el equilibrio de la negociación colectiva; que abre las
puertas al despido, por primera vez, en las Administraciones Públicas.
Pero
no nos quedamos aquí. En el acto sindical que CCOO organizó en el Palacio de
Vistalegre de Madrid, el 24 de septiembre de 2011, ante 20 mil delegados y delegadas de
nuestro sindicato de todo el país, ya advertimos que con las políticas que ya se aplicaban y las que se anunciaban ante
un más que probable triunfo de la derecha en las urnas, además de la
legislación laboral corría peligro nuestro modelo social, los pilares del
Estado de bienestar: la sanidad, la
educación, las políticas sociales.
Si sumamos el fuerte giro corporativo
decidido por el nuevo ministro de Justicia contra la democracia en la
judicatura y la voluntad de eliminar y/o devaluar importantes derechos civiles
como el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, el matrimonio
homosexual o los derechos de la inmigración, entenderemos porqué propuse en
dicho acto impulsar una amplia
plataforma social en defensa de los servicios públicos y los derechos
sociales, oportunamente constituida hace unas semanas.
La legitimidad de la huelga
general
El
presidente del Gobierno ha repetido en diferentes foros y tribunas que las
medidas del Gobierno son un ejercicio de responsabilidad con su país. El sabrá
porque llama responsabilidad a acabar
con las leyes y normas que configuran el Estado social y nos conduce a la
máxima liberal del “sálvese quien pueda”. Por responsabilidad con los
trabajadores y trabajadoras, con la ciudadanía, sobre todo con la peor tratada
por la crisis, los sindicatos CCOO y UGT hemos recurrido a uno de los
instrumentos constitucionales a nuestro alcance: la convocatoria de una huelga
general.
El aparato mediático conservador, en su particular y difamatoria campaña
contra el movimiento sindical, ha querido y lo sigue haciendo, inocular en la
sociedad el virus de la resignación, acusando a los sindicatos de movilizarse
solo por sus privilegios. Esta calumnia tiene las patas muy cortas. Las
consecuencias de la reforma laboral y de las políticas de recorte en los
servicios públicos y el Estado de bienestar, ya se dejan ver: creciente
desprotección de los trabajadores, deterioro plausible de la salud y la
educación, evidente retroceso de los derechos sociales y civiles; quiebra del
modelo de convivencia. Esto nada tiene que ver con los privilegios sindicales.
Es el resultado de un proyecto político sometido a los designios de los
mercados financieros.
Por
todo ello hemos convocado una huelga general el 29 de marzo. Todos los
trabajadores y trabajadoras de la producción y los servicios, de las
Administraciones Públicas, están llamados a participar en esta huelga. Y
tenemos el deber moral de dirigirnos a la ciudadanía para que la apoye y se
manifieste contra unas medidas que, de llevarse a cabo, acabarán con derechos
históricos que tanto nos ha costado conquistar.
Ignacio Fernández
Toxo
Secretario general de CCOO
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